Transporte Internacional y Huella de Carbono: la nueva realidad regulatoria en España y Francia
El sector del Transporte por Carretera en Europa está experimentando una transformación profunda, impulsada por la creciente presión regulatoria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). España y Francia, dos actores clave en el Transporte Internacional, han implementado nuevas normativas que obligan, directa o indirectamente, a las empresas del sector a medir y comunicar su huella de carbono.
España: obligación directa para grandes empresas
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 214/2025, las empresas españolas de Transporte por Carretera que superen ciertos umbrales están obligadas a calcular y publicar su huella de carbono. Esta medida afecta a:
- Empresas con más de 500 empleados, o
- Aquellas que durante dos ejercicios consecutivos cumplan al menos dos de los siguientes criterios:
- Más de 250 empleados.
- Más de 40 millones de euros en facturación.
- Más de 20 millones de euros en activos.
Estas compañías deben no solo medir sus emisiones, sino también publicar un plan de reducción a cinco años y hacer pública esta información en su web o informe de sostenibilidad. Aunque el registro oficial de huella de carbono sigue siendo voluntario, se espera que esta práctica se generalice como estándar de transparencia y competitividad.
Francia: obligación indirecta pero inevitable
En el caso francés, la normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2025 establece que toda operación de Transporte con origen y destino en Francia debe incluir información sobre las emisiones de GEI. Esta obligación recae legalmente sobre el cliente o cargador, es decir, quien contrata el servicio de Transporte.
Sin embargo, en la práctica, las empresas de Transporte están obligadas a facilitar estos datos si desean seguir trabajando con clientes franceses. La normativa exige que las emisiones se calculen conforme a los artículos D.1431-1 a D.1431-23 del Código de Transportes, utilizando metodologías reconocidas como las de la ADEME o la plataforma EVE.
El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros por operación, lo que ha llevado a muchas empresas a incorporar sistemas de medición de emisiones en sus procesos logísticos.
¿Y qué sucede en otros países de Europa?
Además de España y Francia, otros países europeos están avanzando hacia la obligatoriedad de medir la huella de carbono en el transporte por carretera, aunque con distintos grados de exigencia y aplicación. Aquí te detallo algunos casos relevantes:
Alemania
Aunque aún no existe una obligación legal directa para todas las empresas de transporte por carretera, Alemania ha implementado requisitos estrictos de reporte de sostenibilidad para grandes empresas bajo la Directiva CSRD de la UE. Esto incluye la medición de emisiones de alcance 1, 2 y 3, lo que afecta indirectamente a los operadores logísticos que trabajan con grandes clientes.
Además, el país ha introducido un sistema de peajes basado en emisiones de CO₂ para camiones desde 2023, lo que incentiva la medición y reducción de emisiones.
Países Bajos
Los Países Bajos han sido pioneros en políticas de sostenibilidad. Desde 2024, las empresas con más de 100 empleados deben reportar los desplazamientos laborales y de transporte de mercancías, incluyendo las emisiones asociadas. Esto forma parte del plan nacional de movilidad sostenible y afecta directamente al sector logístico.
Suecia
Suecia exige desde hace años que las empresas públicas y grandes contratistas midan y reporten su huella de carbono, incluyendo el transporte. Además, muchas ciudades suecas exigen a los proveedores de servicios logísticos que presenten informes de emisiones como parte de los contratos públicos.
Unión Europea (en conjunto)
La Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), en vigor desde 2024, obliga a miles de empresas europeas a reportar su impacto ambiental, incluyendo la huella de carbono. Aunque no es específica del transporte, afecta a todas las empresas que operan en la cadena logística, lo que genera una presión indirecta sobre los transportistas para medir y comunicar sus emisiones.
Más allá del cumplimiento: una oportunidad estratégica
La presión regulatoria no es el único motor del cambio. Cada vez más administraciones públicas incluyen criterios ambientales en sus licitaciones, y muchas empresas privadas están incorporando la sostenibilidad como un factor decisivo a la hora de seleccionar proveedores logísticos.
En este contexto, medir la huella de carbono no es solo una obligación legal o contractual: es una herramienta estratégica para optimizar costes, mejorar la eficiencia operativa y posicionarse como un socio fiable y comprometido con el futuro.
El verdadero reto no es la falta de datos, sino la inacción. Muchas empresas ya son conscientes de la necesidad de actuar, pero siguen sin dar el primer paso. Y ese paso va mucho más allá de calcular emisiones por kilómetro: implica analizar el comportamiento de conducción, el tipo de combustible, el mantenimiento de la flota y la planificación de rutas.
Como bien dice el principio básico de la buena gestión: «Lo que no se mide, no se puede gestionar; y lo que no se gestiona, difícilmente se puede mejorar”.
Y en un entorno cada vez más exigente, lo que no se puede demostrar, no se puede vender.
Algunas compañías ya están tomando decisiones basadas en el desempeño ambiental de sus socios de Transporte. La pregunta es: ¿estás preparado para formar parte de esa conversación?
Formación especializada: una herramienta clave para adaptarse
Para facilitar la adaptación a estas nuevas exigencias, existen programas de formación como el curso de Gestión Avanzada de la Huella de Carbono en el Transporte de Mercancías por Carretera, ofrecido por AT Academia del Transportista.
Este curso está diseñado para capacitar a profesionales del sector en:
- El cálculo preciso de emisiones de GEI.
- La implementación de planes de reducción efectivos.
- El cumplimiento normativo tanto en España como en el ámbito internacional.
Una formación como esta no solo ayuda a cumplir con la ley, sino que también mejora la competitividad y sostenibilidad de las empresas en un mercado cada vez más exigente y competitivo.
Una cadena de responsabilidad compartida
Lo que estas normativas reflejan es un cambio de paradigma: la sostenibilidad ya no es una opción, sino un requisito operativo. Aunque la ley francesa no impone directamente la obligación a los transportistas, la presión del mercado y de los clientes convierte esta exigencia en una realidad ineludible.
En este nuevo escenario, las empresas que se anticipen y adopten herramientas de cálculo de emisiones no solo cumplirán con la normativa, sino que también ganarán ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente.
