El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la Ley de Movilidad Sostenible, una norma clave que llevaba cerca de tres años paralizada por motivos políticos. La abstención de Junts en la votación relativa a una enmienda propuesta por el Partido Popular —que pretendía incluir la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares— permitió rechazarla por un solo voto y avanzar con la aprobación final del texto.
El desbloqueo de los 10.000 millones de euros vinculados al quinto paquete de fondos europeos depende directamente de la puesta en marcha de esta ley, cuyo enfoque se centra en transformar la movilidad española hacia modelos más eficientes, sostenibles y digitales. Así lo recalcó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien destacó su importancia tanto ambiental como económica.
La normativa incorpora una batería de medidas estructurales:
- Potenciar las autopistas ferroviarias y los incentivos para el transporte ferroviario de mercancías.
- Electrificar puertos y reforzar la digitalización en el transporte marítimo.
- Mejorar la competitividad logística y modernizar la movilidad de mercancías.
- Establecer directrices para la Distribución Urbana de Mercancías, clave en la última milla.
Uno de los puntos más relevantes para el sector del transporte es la obligatoriedad de gestionar de forma totalmente digital el documento de control administrativo del transporte de mercancías en un plazo máximo de diez meses. ASTIC ha recibido esta medida como un avance decisivo hacia la digitalización integral de la cadena logística, lo que podría acelerar la adopción de documentos electrónicos como el eCMR.
La asociación destaca que esta ley supone un “antes y un después” en la modernización del sector, facilitando la interoperabilidad entre flotas, operadores y administraciones, así como el desarrollo de infraestructuras críticas como los aparcamientos seguros para camiones. No obstante, alerta de dos grandes desafíos: el cambio cultural hacia la digitalización, especialmente en empresas pequeñas, y la coordinación efectiva entre todos los actores del ecosistema logístico.
España encara así una nueva fase normativa que orienta su movilidad hacia la eficiencia, la descarbonización y la integración tecnológica, pilares fundamentales para un sistema de transporte seguro, sostenible y preparado para los retos futuros.
