Fenadismer demandará a las petroleras españolas por los sobreprecios
Los altos precios del carburante han afectado tanto a conductores profesionales como particulares en los últimos meses.
La reconocida asociación de transportistas, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) demandará a las petroleras españolas de nuevo por los sobreprecios al carburante.
Fenadismer ha avisado de que está dispuesta a interponer una nueva macrodemanda colectiva apoyándose, principalmente, en un «hecho palpable» como es la subida de precios del carburante que durante los últimos meses han sufrido tanto los conductores profesionales como los particulares.
Segunda demanda en cinco meses
Esta demanda se sumaría a una reclamación anterior que se interpuso el pasado mes de diciembre. En ella, se unieron de forma gratuita más de 3.500 transportistas, y cuya cantidad a reclamar superó los 15.000 euros por vehículo.
Fenadismer, con el apoyo de las diferentes organizaciones territoriales, pusieron en marcha el procedimiento necesario para interponer una nueva demanda contra gran parte de las empresas petroleras que trabajan en España. Estas entidades son Repsol, Cepsa y BP. El motivo principal es la forma en la que se ha llevado a cabo, de forma constante, el aumento de precios finales de los carburantes. Una cuestión que perjudicaba directamente al bolsillo del consumidor, desde profesionales hasta particulares. A este hecho, se ha denominado de manera coloquial como «cártel de las petroleras».
Consecuencias de la guerra de Ucrania
Un aspecto que demuestra estas «prácticas abusivas», como ha denominado Fenadismer, son las que se han llevado a cabo en los dos últimos meses, exactamente desde que estalló el conflicto bélico en Ucrania, donde las grandes petroleras han elevado el precio final del carburante por encima del nivel internacional establecido. Una cuestión que altera el mercado y que dañan la competencias entre las petroleras y distribuidoras menores.
En la ya mencionada macrodemanda se ampliará la reclamación contra más entidades petrolíferas que operan en España, al haber detectado que siguen la política concertada de precios que marcan las infractoras.
