La pirámide de prioridad en la Movilidad Urbana: FP Movilidad Segura y Sostenible y la nueva Ley de Movilidad
La recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible redefine el modelo de transporte en España, colocando en el centro de la planificación urbana la sostenibilidad, la salud pública y la eficiencia en el uso del espacio. Uno de sus pilares fundamentales es el Artículo 29, que establece una jerarquía de Medios de Movilidad en entornos urbanos y metropolitanos, conocida como la pirámide de prioridad de movilidad.
¿Qué es la Pirámide de Prioridad?
La pirámide de prioridad es un esquema que ordena los modos de Transporte según su impacto ambiental, social y espacial. Su objetivo es favorecer los medios más sostenibles y saludables, y reducir la dependencia del vehículo privado. Esta jerarquía debe guiar las decisiones de planificación urbana, inversiones públicas y diseño de infraestructuras.
Orden de prioridad que establece la ley
La ley establece que las administraciones públicas deben promover los modos de Movilidad en el siguiente orden:
- Movilidad activa:
- Se prioriza el desplazamiento a pie, especialmente en zonas peatonales.
- Se incluye la movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida mediante aparatos autorizados.
- Se fomenta el uso de bicicletas y ciclos, como medio saludable y no contaminante.
- Transporte público colectivo:
- Se impulsa el uso de autobuses, metro, tranvías y otros sistemas de transporte compartido, como alternativa eficiente al coche privado.
- Movilidad de alta ocupación:
- Se favorecen esquemas como el coche compartido o el uso de vehículos con varios ocupantes, que reducen las externalidades negativas y la ocupación del espacio público.
- Vehículo privado:
- Aunque se encuentra en el último escalón, se establece que deben priorizarse tecnologías limpias, como los vehículos eléctricos o de bajas emisiones.
- También se promueve el uso de vehículos que ocupen menos espacio y los servicios de movilidad colaborativa.
Enfoque inclusivo
La ley aclara que esta jerarquía no debe perjudicar la Movilidad de Personas con discapacidad o Movilidad Reducida, garantizando su derecho a desplazarse con seguridad y autonomía.
Implicaciones que tiene para las ciudades
Este artículo obliga a los municipios y áreas metropolitanas a replantear sus políticas de movilidad, priorizando inversiones en infraestructuras peatonales, carriles bici, Transporte Público y soluciones de Movilidad Compartida. También implica una reordenación del espacio público, donde el coche privado pierde protagonismo frente a modos más sostenibles
