En una jornada calificada como “histórica” por las autoridades regionales, el Parlamento de Canarias ha aprobado la modificación urgente de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera, una normativa que no había sido actualizada desde hace más de 17 años. Esta reforma, impulsada por el Gobierno de Canarias a través del Decreto-ley 6/2024, marca un antes y un después en la planificación, regulación y sostenibilidad del transporte terrestre en el archipiélago.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, junto a la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, celebraron la aprobación como una respuesta a una demanda histórica del sector. “Hoy es un día importante para Canarias. Esta modificación es fruto del consenso entre los grupos parlamentarios y el sector del Transporte, y representa un esfuerzo colectivo en un ámbito complejo y con muchos intereses”, afirmó Rodríguez.
Sostenibilidad como eje central
Una de las principales novedades de la reforma es la incorporación de criterios medioambientales como eje central en la concesión de autorizaciones y licencias. “Es un cambio de modelo que pone el cuidado del territorio en el centro de la planificación de la movilidad”, destacó Rodríguez. La nueva ley apuesta por un desarrollo que conecte mejor a las personas, sin comprometer la protección de las islas.
Los cabildos insulares tendrán un año adicional para establecer criterios de capacidad de carga, calidad del aire, tráfico y equilibrio del espacio público, lo que permitirá una gestión más eficaz y adaptada a la realidad de cada isla.
Protección del taxi y modernización técnica
La reforma reconoce al taxi como un servicio público esencial, integrándolo en la planificación de la movilidad y reforzando su régimen tarifario y de calidad. Además, se delimitan las solicitudes de autorizaciones VTC para evitar incertidumbres y mejorar la gestión administrativa.
En el plano técnico, se clarifica la hoja de ruta para los servicios discrecionales, se obliga al uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos y se adapta la normativa al Reglamento Europeo 1071/2009, unificando los requisitos para el acceso a la profesión. También se excluyen las autocaravanas de uso recreativo y se incorpora el Transporte a la demanda, una modalidad no contemplada en la ley original.
Compromiso con el ámbito rural y escolar
La nueva ley también contempla medidas para garantizar el acceso universal al Transporte en zonas rurales. De forma excepcional, taxis y VTC podrán prestar servicio escolar en áreas con escasa oferta, asegurando el derecho al transporte de los menores. Se amplía además la definición de transporte escolar para incluir centros de enseñanza, guarderías y actividades extraescolares organizadas.
Refuerzo del control y la seguridad
Para mejorar el cumplimiento de la ley, se endurece el régimen sancionador contra el transporte ilegal, incluyendo la inmovilización de vehículos. Se introducen medidas de protección frente a agresiones o actos peligrosos contra conductores y usuarios, y se garantiza la subrogación del personal en caso de cambio de empresa prestadora de servicios públicos.
Asimismo, se limita la operativa de los VTC, que no podrán estacionar ni circular en busca de clientes, ni operar en paradas de taxis o guaguas.
Una apuesta firme por la movilidad responsable
María Fernández subrayó que esta modificación “no es solo una actualización técnica, sino un avance histórico hacia un modelo de transporte más equitativo, responsable y adaptado a la realidad canaria”. La reforma, según Fernández, alinea a Canarias con la normativa europea y estatal, y responde a las necesidades reales del sector y de la ciudadanía.
Con esta ley, Canarias se posiciona como referente en Movilidad Sostenible, apostando por un Sistema de Transporte moderno, justo y eficiente que protege los intereses públicos y garantiza el derecho al Transporte para todos.